La
fragilidad de las instituciones que regulan las relaciones públicas de la
ciudad de Bogotá fue uno de los principales resultados que pudimos evidenciar a
lo largo de las 10 semanas en donde los temas coyunturales del sector educativo
en Bogotá fueron nuestra preocupación. Esta fragilidad, según
evidenciamos, se debe a la
discontinuidad en términos de políticas públicas y medidas de choque a la
población, y en nuestro caso, a la variabilidad a la que se sujetan los colegios
bogotanos dependiendo de la administración de turno. La disimilitud de estas
políticas, ora progresistas, ora tradicionales, se hace plausible en los
modelos educativos con los que actualmente cuanta la ciudad de Bogotá, los
cuales podríamos decir, son la resulta de un sincretismo de intereses políticos
de distinta envergadura lo cual ha imposibilitado la consolidación de un
sistema educativo.
El
modelo educativo bogotano, y en general el del país se aleja sensiblemente de
ser un modelo progresista e innovador que se distancie de una educación
tradicional que rompa con los, muchas veces ineficaces, hábitos y relaciones
del sistema educativo que ha tenido vigencia en Colombia, como reducto del yugo
español. Las soluciones a las que se remiten diversos organismos de control y
las entidades administrativas involucradas en el sector educativo se limitan a
la incorporación de las TICS en los colegios bogotanos, esto es: tablets,
computadores de última generación y aulas inteligentes; desconocer que la incorporación
de este tipo de dispositivos es una implicación importante para el sistema
educativo sería un error. Sin embargo, darle preeminencia y verlo como única
solución a la, digamos, crisis del sector educativo (bullyng, deserción
escolar, malas calificaciones), sería también, por fuerza, una solución
inapropiada y superficial para tratar un tema en donde las soluciones tendrían
que ver con un trasfondo estructural.
El
modelo actual que propone una administración progresista como la de Gustavo
Petro en materia educativa ha sido blanco de polémicas críticas que van desde
la imprevisión en las políticas implementadas hasta la inviabilidad de muchas
de sus propuestas. Una de estas propuestas fue la implementación de la jornada
extendida de 40 horas semanales para los colegios distritales, y la cual
pudimos explorar un tanto más en nuestra salida de campo. En esta propuesta,
por citar un ejemplo, la polarización con la que se aborda la implementación de
esta jornada es plausible y la división que ha creado en docentes dirigentes,
estudiantes y padres de familia es significativa. Uno de los problemas que
nuestro grupo evidenció es que, si bien este tipo de propuestas resultan
polémicas en tanto innovadoras, su carácter de innovador es bastante relativo. Esto, debido a que, como decíamos
en el anterior párrafo, el problema del sector educativo es un problema
estructural que merece la reconfiguración de todo el sistema educativo, y no se
sustrae a la ampliación de la jornada para que los estudiantes “jueguen más” (como
lo propone esta propuesta en donde los encargados del cuidado de los
estudiantes en las horas extra de colegio serán funcionarios del I.D.R.D).
En
suma, consideramos que la tarea en los centros educativos de la capital y en
general del país, va por buen camino, a pesar de que no se traten temas
estructurales. Esto, en virtud de que aún el “desarrollo” del país no es
suficiente para dar estos pasos, o de pronto, por otra parte, este tipo de
cambios deberían ir en contra de esta idea de desarrollo y crear paradigmas
educativos que reconfiguren toda una idea de categorías como sujeto,
aprendizaje y comunidad; categorías, a nuestro juicio vitales en la
reconstrucción de una educación de calidad.
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